Fragmento tomado de La libertad inhóspita, de Félix Ovejero (2002). Paidós, Barcelona. Pp. 212-217

“Las dificultades de la democracia liberal han llevado a algunos a pensar que, a la hora de encarar los asuntos importantes, quizá sea mejor ignorar ciertas demandas de los individuos. Si las preferencias –el criterio que justifica a la democracia- se muestran insensibles a problemas de indiscutible importancia, quizá sea mejor prescindir de ellas o de filtrarlas. La rectificación no es irrelevante. Todos los proyectos racionalistas del siglo XIX, edificados bajo el supuesto de abundancia, encontraban su justificación en la capacidad para atender las demandas sin importar su calidad. Si no había problemas de escasez, no había demandas más justas que otras: el problema de la justicia distributiva aparece cuando no todos pueden tenerlo todo. El reconocimiento de que vivimos en un planeta con recursos limitados ha cambiado las cosas. La crisis ecológica ha mostrado que no hay de todo para todos y que hay que empezar a pensar en algún orden de prioridades entre preferencias, en otorgar mayor importancia a la mantequilla que a las armas (1). Una vez se admite que no todos los deseos pueden satisfacerse, aparecen nuevas preguntas: qué necesidades, y de quién, son más importantes. Y, con facilidad, en un escenario político donde, como se acaba de ver, las preferencias de los individuos desatienden el reconocimiento de las consecuencias de la escasez, a esas preguntas se añaden inmediatamente otras: si los individuos son los mejores jueces para determinar qué es lo que quieren y cómo se forman correctamente las preferencias. Pero, así las cosas, habida cuenta de que para ordenar necesitamos un criterio de valoración y de que no podemos fiarnos de los propios individuos, el fundamento de la democracia se complica. No ha de extrañar la aparición de algún tipo de perfeccionismo ecológico que duda de la conveniencia de atender a la voluntad de los individuos al decidir acerca de cómo vivir, acerca de la licitud de las preferencias dadas cuando afectan a todos y, sobre todo, cuando ponen en peligro las mismas bases de nuestra civilización; o de propuestas que, buscando compatibilizar la democracia con la justicia intergeneracional, recomiendan reconsiderar el principio de «un hombre, un voto» y otorgar un peso especial –más votos- a quienes –como las madres solteras- pueden tener interés en la continuidad de la comunidad política (o relacionar, de modo inverso, la esperanza de vida con la cantidad de votos). Desde diversas perspectivas, se ha buscado una justificación del orden político que, en nombre de los intereses de todos, ignore la voluntad de cada uno. Las preferencias «libres» dejarían lugar al bienestar objetivo, a la necesidad de asegurar la satisfacción de necesidades básicas para todos los habitantes del planeta, necesidades que se determinarían con independencia de la voluntad de los individuos.
La idea no es nueva. La formuló hace ya tiempo un pensador liberal y racionalista como Russell, quien, enfrentado a problemas no muy diferentes de los que nos ocupa, proponía una suerte de autoridad mundial. La sugerencia de Russell casi siempre se despachó como el delirio propio de un filósofo con escaso sentido de la realidad, cuando no con una explícita acusación de senilidad. Desgraciadamente, las opiniones de Russell eran algo más que locuras. Al fin y al cabo, Russell, además de liberal, era uno de los lógicos más importantes del siglo XX. Su respeto por la empiria y la consistencia estaban por detrás de su resignación autoritaria: respeto por la empiria que le impedía ignorar la magnitud de los problemas y que, quizá también propiciaba cierta aceptación fatalista acerca del mundo social; respeto por la consistencia que, a la vista de los datos y el funcionamiento del escenario político, le imponía la conclusión (autoritaria), sin ocasión para el pasteleo intelectual del «todo es posible», incluso en contra de sus propias preferencias liberales.
El dilema parece obligar a elegir entre respetar la democracia (2) y proporcionar soluciones a problemas de la magnitud del problema ecológico. A pesar de su apariencia autoritaria, es profundamente liberal; de hecho, en su origen está el respeto a la ontología social de la democracia liberal. El dilema arranca reconociendo la importancia y prioridad de ciertos problemas, como el ecológico, cuya solución es condición de posibilidad de la vida humana y, por tanto, de todo escenario social. Después, se muestra que la solución, aunque resulte concebible, no forma parte del repertorio de respuestas que las instituciones políticas están en condiciones de ofrecer. Como se ha visto, la lógica de la competencia electoral cimentada en preferencias según intereses, por una parte, y la propia estructura de interacción de los problemas ecológicos, por otra, desembocan en la profundización de los problemas. Si hay que aceptar cono inevitable la ontología social de la democracia liberal y, a la vez, se está dispuesto a reconocer –como hay razones para hacerlo- la prioridad absoluta de los problemas ecológicos, la propia naturaleza de éstos impone acabar con la democracia liberal. Después de todo, la democracia es un artificio creado para resolver los problemas y se debe abandonar si ya no sirve, si sus resultados no son buenos. Hay que elegir entre mantener la democracia liberal con poco respeto para el planeta o, por el contrario, ser respetuosos con la ontología social que está por detrás de la democracia liberal y con el medio ambiente, aunque al precio del autoritarismo. De otra manera más económica: si se asume –si nos resignamos a- la ontología de la democracia liberal, hay que escoger entre –el mecanismo de- la democracia liberal y la ecología. En esas condiciones, dada la envergadura de los problemas, una dictadura verde (y mundial) aparece como la única solución, si no se está dispuesto a modificar el trasfondo ontológico (intereses, política como costes, etc.) de la democracia liberal. El único modo de compatibilizar el mundo social liberal con la solución a los problemas consiste en acabar con el sistema político, con la democracia liberal.
Dada la naturaleza del escenario ecológico, el carácter interdependiente de las acciones y el ámbito planetario de las repercusiones, se impone una toma de decisiones a escala planetaria. La solución de los problemas ecológicos requiere hacer propios los intereses de otros, requiere de una disposición cooperativa con las generaciones futuras y con los otros, que son todos los habitantes del planeta. En principio, la actitud cooperativa no está inevitablemente reñida con la ontología de la democracia liberal. En determinadas circunstancias, también la lógica del interés puede producir comportamientos cooperativos, puede «resultar beneficioso» colaborar, sea porque la propia acción cooperativa resulta beneficiosa, además de para el grupo, para el que la realiza –aunque en este caso quizá no sea apropiado hablar de cooperación-, como sucede cuando los caminantes transitan por la senda ya transitada; sea porque es difícil (costoso) abstenerse de cooperar, como sucede en comunidades pequeñas, con contactos repetidos, compromisos interesados o con repercusión personal e inmediatamente evidente de los costes de la abstención. Pero, como se vio, la estructura de interacción de los problemas ecológicos está en las antípodas de tales circunstancias.
Bajo el supuesto de la ontología social de la democracia liberal, en una escala (planetaria) como la que es propia de los problemas ecológicos, la democracia liberal se torna impracticable: «Nadie conoce a nadie», no hay compromisos genéricos con el «bien de la humanidad» y, por lo demás, con el aumento del número de individuos aumenta la tentación de «ir a la suya», responsable de los desastres, y disminuye el interés cooperativo, la disposición pública y, con ello, la posibilidad de solución. Cuando las acciones –los beneficios- de unos los pagan todos, todos sienten la tentación de trasladar los costes a los demás y anticiparse a la posibilidad de que los otros hagan lo propio. En esas condiciones se hace necesaria una autoridad mundial que obligue a respetar los pactos. Pero con la coalición, con el aumento del número de individuos, aumenta la probabilidad de que el pacto se rompa, de la conducta antisolidaria. En suma: cuando las preferencias de los individuos derivan del interés, la pasividad es la norma y la actividad política se entiende como un coste; esto es, en la ontología social que cimienta la democracia liberal, las propias condiciones de solución de los problemas, asociadas a su naturaleza interdependiente, a la ampliación del escenario social de intervención y a la necesidad de acuerdos, exigen violentar la libertad negativa (3) , exigen que «la política» interfiera en la vida de los ciudadanos.
Las «soluciones» liberales al dilema difícilmente pueden recalar en propuestas objetivistas e igualitarias, como las que apuntan a un inventario de necesidades básicas, que obligarían a comprometerse con una idea de «buena» vida y a entrometerse en la vida de las gentes. Resultan imaginables, al menos en el plano de las conjeturas, iniciativas liberales que, respetando la ontología social, procuren preservar, hasta donde sea posible, la libertad negativa. Puestos a hacer un poco de política ficción cabría pensar que una propuesta liberal de ese tenor empezaría, por supuesto, por no reclamar a los individuos la participación activa en la solución de los problemas, por no reclamar «virtud». Además, una vez se asume que las preferencias de los individuos no recogen el interés común, el mejor modo de preservar ciertos principios es poner fuera del juego de las decisiones democráticas todos aquellos ámbitos de decisión que, en un sentido fuerte, tienen consecuencias relevantes sobre la vida colectiva. A partir de ahí, sin interferir redistributivamente, se trataría de dejar a cada uno ir a la suya, mientras su acción no produjera excesivas externalidades. La forma que esa propuesta puede tomar no tendría que ser necesariamente un rey filósofo «liberal» que velase por la conservación de las condiciones ecológicas con el «mínimo de interferencias». También cabría una constitución con una especificación exhaustiva de derechos, precisados hasta el menor detalle. En todo caso, ese liberalismo (ademocrático) tendría que apoyarse en una autoridad vigorosa para evitar riesgos ambientales que, como resultado del propio desarrollo de las fuerzas productivas, son cada vez más numerosos, de mayor magnitud y de más rápida trasmisión. Pero dicha autoridad «interna» sería cosa de risa comparada con el poder militar que se necesitaría para mantener internacionalmente el statu quo, la situación de privilegio inicial de los (ricos de los) países ricos, frente a las razonables demandas de los pobres expresadas, por ejemplo, a través de movimientos migratorios. La libertad negativa de los ricos se aseguraría a través de la libertad negativa de los pobres. En un escenario de escasez, cuando no hay de todo para todos, la desigualdad resulta más difícilmente soportable. Por supuesto, cuando los márgenes de actuación se acortan como consecuencia del empeoramiento de las condiciones, el techo de las «externalidades» aceptables de torna cada vez más bajo, la lista de lo prohibido se amplía hasta incluir decisiones privadas y, al final, también por aquí, la ontología liberal haría colapsar los principios liberales”.

Notas
(1) Hoy también sería bueno pensar en maíz antes que en agro-combustibles. Con el maíz que consumiría un ser humano en un año se llena un tanque de gasolina. Si no es irracional me avisan.
(2) Cuando habla de democracia se refiere a “democracia liberal”.
(3) Derechos como la propiedad o la libertad de expresión. Engloba la libertad pre-social, de derechos (que terminan en muchos casos siendo privilegios o encubriéndolos) que no admiten discusión, que no nacen de procesos deliberativos.